201501.23
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¿Debe emplazarse personalmente a los interesados que sean identificables por haber realizado alegaciones en el trámite de información pública?

De acuerdo con el
artículo 49.1 de la LJCA 29/98, “la resolución por la que se acuerde remitir el
expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como
demandados”; señalando  el artículo 31.1
de la Ley 30/92 que tienen la consideración de interesados quienes lo promuevan
como titulares de derechos o intereses, quienes sean titulares de derechos que
puedan resultar afectados por la resolución y quienes sean titulares de
intereses legítimos que puedan resultar afectados por la resolución y se
personen antes de que ésta haya recaído.

Es decir, hay que
emplazar a quien sea titular de un interés legítimo que pueda resultar afectado
por la sentencia que ponga fin al proceso, en el buen entendido de que el
concepto de interés legítimo no coincide con un mero interés a la legalidad,
sino que “resulta identificable con cualquier ventaja o utilidad jurídica
derivada de la reparación pretendida” (STC 242/2012 de 17 de diciembre).

De acuerdo con la
doctrina constitucional recogida, entre otras, en la sentencia que acabamos de
citar, para que se aprecie el amparo constitucional por vulneración del deber
de emplazar se exige un triple requisito:

1º. Que el demandante
de amparo sea titular de un derecho o interés legítimo y propio susceptible de
afección en el proceso contencioso en cuestión.

2º. Que el demandante
de amparo sea identificable.

3º. Que el no emplazamiento
le cause indefensión, concepto material y no puramente formal, como es sabido.

Llegados a este punto
debemos indicar que la cuestión planteada, o sea, si hay que emplazar a quien
intervino en el trámite de información pública dentro de la elaboración de la
disposición general debe ser reconducida a la de determinar si la intervención
en el citado trámite de información pública dentro de la elaboración del
reglamento convierte al interviniente en “interesado” en el expediente, lo que
conllevará, caso de responder afirmativamente, que haya que emplazarle en el
recurso contencioso que contra la disposición general se interponga por un
tercero.

Para ello ha de
indicarse que la finalidad del trámite de información pública, previsto en el
artículo 24 de la Ley 50/97, es otorgar un plus respecto de la audiencia de las
organizaciones representativas de los intereses de los ciudadanos y se hace
necesario “cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje”. Se trata de un
trámite encaminado a que los ciudadanos puedan participar en la elaboración de
la norma.

Un simple lectura del
precepto unida a la interpretación del TC conduce, pues, a responder de forma
negativa  a la cuestión planteada: la
simple intervención en el trámite de información pública no convierte al
interviniente en “interesado” (al igual que la no intervención en el citado
trámite no le excluye del derecho a ser emplazado), salvo que la disposición general
impugnada afecte a un derecho o interés legítimo que le sea propio y que se
ventile en el proceso de que se trate. Lo contrario sería equiparar el concepto
de interés legítimo con un mero interés a la legalidad, algo que en Derecho
español no existe, fuera de los casos de acción popular (costas, patrimonio
histórico español y urbanismo).

Por tanto:
1º. En línea de
principio, la intervención en el trámite de información pública en la
elaboración de la disposición general no convierte al interviniente en
interesado a efectos del artículo 49 
LJCA (o sea, del emplazamiento).

2º. En los supuestos de
acción popular, en los que el concepto de interés legítimo coincide con el de
interés a la legalidad, pudiera pensarse que al estar legitimados para impugnar
el reglamento también lo estaría el interviniente para defender la legalidad
del mismo vía codemandado (siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos
por la jurisprudencia comentada). No comparto, en cambio, este criterio: no
puede confundirse la posibilidad de impugnar una norma con el derecho del
afectado por la norma impugnada de tener conocimiento de que se ha producido la
impugnación, como bien dice la STC 242/2012.

Por consiguiente, a
modo de conclusión, entiendo que la mera intervención en el trámite de
información pública no convierte al interviniente en interesado, de suerte que
no existe deber de emplazamiento en el recurso contencioso frente a la
disposición general; sólo habrá que emplazarle cuando, por poder ser afectado
por el resultado del pleito, tenga la consideración de interesado, abstracción
hecha de que haya intervenido o no en el trámite de información pública.

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